Han transcurrido más de dieciocho meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción constante. Esto ha avivado la discusión sobre la efectividad de dicha medida en el ámbito de la seguridad del país.
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de emergencia fue concebido como una medida inmediata para combatir la dominación territorial de pandillas en áreas tanto urbanas como rurales. No obstante, su uso continuo durante más de 18 meses y las sucesivas extensiones no han conseguido frenar problemas como la extorsión, los asesinatos y otras formas de violencia que impactan directamente a sectores clave de la economía y la rutina diaria.
Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos
Varios reportes de entidades sociales y cifras de las fuerzas de seguridad indican que las bandas delictivas mantienen una notable habilidad para amedrentar, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Empresarios, conductores y habitantes persisten en reportar extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado mantiene fuerzas militares y policiales bajo el régimen de excepción.
Líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han mencionado que «la gente sigue viviendo con miedo» y que no se observan cambios significativos en la seguridad. Estas personas señalan que el crimen sigue dominando barrios completos, mientras que las autoridades muestran datos que no se corresponden con lo que sucede realmente en las calles, lo que ha incrementado la falta de confianza de la población.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
La declaración de estado de emergencia se ideó como una respuesta excepcional al crimen organizado, proporcionando poderes especiales para la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada debido a su extensión prolongada y la falta de un plan completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas por detenciones arbitrarias y transgresiones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad alertan que la militarización sin un enfoque estratégico no ha producido resultados duraderos ni ha debilitado las organizaciones delictivas.
“La respuesta del Estado ha sido más coercitiva que estratégica”, afirmó un analista en temas de seguridad, quien considera que no se ha logrado construir un modelo de intervención con base en prevención, justicia y coordinación institucional.
Quejas sobre una política de seguridad completa
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión de la estrategia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, organizaciones de la sociedad civil y colaboración internacional. “Honduras no necesita más espectáculos mediáticos. Necesita resultados auténticos”, afirmó un representante del sector empresarial, al reclamar claridad y responsabilidad en cuanto al empleo de medidas extraordinarias.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La prolongación del estado de excepción sin un balance público de su efectividad evidencia tensiones entre la urgencia por controlar la violencia y la necesidad de respetar el orden democrático y los derechos fundamentales. En un país marcado por la fragilidad institucional y una profunda desconfianza hacia las autoridades, el enfoque en la seguridad sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía.
El reto principal que tiene el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que una el control del crimen con una política pública integral, legítima y con amplia participación. En tanto, la persistencia de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen preocupada a una población que todavía espera respuestas efectivas y duraderas.
