En un panorama político ya caracterizado por la división, la aspirante presidencial del gobierno hondureño, Rixi Moncada, causó una reciente polémica al criticar abiertamente la función de las iglesias en la nación. Las afirmaciones, hechas durante un evento de su partido, suscitaron respuestas inmediatas de dirigentes religiosos y sectores civiles, quienes consideraron sus comentarios como un ataque al papel tradicional de las instituciones eclesiásticas en la esfera pública de Honduras.
El evento reciente incrementa las tensiones existentes entre el partido en el poder y varios grupos sociales, durante un proceso electoral que continúa con marcadas divisiones ideológicas y una creciente crítica sobre la gestión del debate político.
Declaraciones en el centro del debate
En una declaración difundida a través de plataformas sociales, Moncada indicó que las iglesias “guardan silencio frente a las desigualdades sociales” y que “sirven a los intereses del poder económico”. Estas palabras se entendieron como una crítica directa al papel que las entidades religiosas juegan en el entorno político y social de Honduras.
Estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata de representantes de varias creencias religiosas. El pastor Marco Tulio López, del Concilio de Iglesias Evangélicas, expresó que “la fe no se somete al poder político ni económico”, y destacó que “lo que realmente doblega a una nación es el odio enmascarado como justicia”, refiriéndose claramente a la posición de la candidata oficialista.
En el ámbito católico, el vocero del clero capitalino, padre Luis Javier Mejía, también expresó su preocupación ante lo que considera una instrumentalización de la religión en el discurso electoral. “La Iglesia está con el pueblo. Siempre lo ha estado. Pero no vamos a permitir que se nos utilice como blanco de campañas ideológicas”, declaró.
Respuestas de la población y apelos al respeto de las instituciones
El conflicto no solo animó a figuras religiosas, sino que también se propagó intensamente en plataformas sociales, donde diversas opiniones demandaron respeto al derecho a la libertad de credo y a la función de las iglesias como lugares de unión comunitaria y mediación en momentos de crisis.
Entre los comentarios más difundidos está el de un experto en política que, mediante la plataforma social X, afirmó: “Cuando un aspirante critica las creencias del público, desvela más su fanatismo que su plan”.
Frente a la creciente presión social, tanto la Conferencia Episcopal como la Confraternidad Evangélica difundieron comunicados llamando al respeto mutuo entre instituciones religiosas y actores políticos. En ellos, subrayan la importancia de no convertir a las iglesias en blanco de estrategias electorales en un momento en que la ciudadanía demanda propuestas frente a los problemas estructurales del país.
Un ambiente electoral caracterizado por la disputa
La confrontación entre la aspirante del partido gobernante y los grupos religiosos sucede en un entorno donde se han intensificado los discursos de enfrentamiento por parte de representantes de Libertad y Refundación (LIBRE), al mando desde el año 2022. De acuerdo con analistas políticos, estas manifestaciones serían una táctica de movilización polarizante que intenta consolidar el apoyo al oficialismo, aunque sacrificando el diálogo con otros grupos sociales.
Esta situación ha coincidido con un aumento en la insatisfacción de la población debido a la continuidad de problemas fundamentales como la pobreza, la falta de empleo y la inseguridad. Para ciertos expertos, concentrarse en discusiones ideológicas o simbólicas podría estar distrayendo de las prioridades importantes para la sociedad.
Una tensión que revela desafíos de gobernabilidad
La controversia en relación a los comentarios de Rixi Moncada destaca una tensión más grande en cuanto a la posición de las instituciones tradicionales, como las iglesias, dentro del panorama político presente en Honduras. Al cuestionar su papel como intermediarios sociales, el oficialismo se arriesga a socavar espacios que han sido fundamentales para atenuar conflictos y promover el diálogo en situaciones de crisis.
En este contexto, el capítulo destaca los desafíos presentes en el proceso electoral: conseguir que el discurso público se dirija a propuestas específicas, sin dañar las relaciones entre actores fundamentales de la vida institucional. La manera en que se gestionen estas tensiones será crucial para la estabilidad democrática en el camino a las urnas.
