La reciente validación de cambios al Código Penal en Honduras ha provocado preocupación en diversos ámbitos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo dentro del marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un contexto donde se acercan las elecciones generales fijadas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían emplearse para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
El Parlamento Nacional implementó modificaciones que incrementan las sanciones para crímenes relacionados con la manifestación social, resaltando la adición del artículo 378-A. Esta normativa indica que cualquier acto de protesta realizado por dos o más personas puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Asociaciones de derechos humanos y voceros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible uso de estas reformas para criminalizar protestas pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en las leyes penales y su efecto en la manifestación social
Las modificaciones al Código Penal han provocado críticas de instituciones tanto nacionales como internacionales. El incremento de las penas para individuos que participen en manifestaciones grupales se ha visto como un posible medio para desalentar la movilización de la población. Entidades de derechos humanos argumentan que estas políticas podrían usarse para restringir la participación cívica y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas regulaciones se apliquen en situaciones de tensión política o durante procesos electorales, cuando generalmente aumenta la protesta ciudadana.
La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.
Respuestas globales y demandas de reevaluación
La inquietud generada por el efecto de estas reformas ha cruzado los límites de cada país. Entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han mostrado preocupación por las nuevas cláusulas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Gobierno que reconsidere las reformas para garantizar que los derechos esenciales de las personas no se vean comprometidos.
En esta situación, se resalta lo crucial que es asegurar el respeto de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales sean usadas como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión en torno al alcance y la implementación de estas reformas sigue latente, mientras diferentes grupos persisten en la demanda de revisar el marco jurídico para garantizar la protección eficaz de las libertades esenciales en Honduras.
