El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Dudas sobre las técnicas legislativas del partido oficialista
Varias voces dentro del entorno político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa por parte del gobierno. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con personajes clave como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el adecuado proceso parlamentario.
Un caso bastante polémico está relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que posee repercusiones importantes en el ámbito fiscal. De acuerdo con las acusaciones, esta disposición ha progresado sin informes técnicos disponibles al público ni un proceso extensivo de consulta con los sectores interesados. También se señala la posibilidad de que la propuesta sea aprobada en encuentros acelerados, sin la confirmación formal de las actas legislativas pertinentes.
La opacidad en estos procedimientos ha sido considerada por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un experto en derecho constitucional consultado indicó que la aplicación de métodos “dudosos, hasta ilegales” para implementar cambios estructurales sin apoyo político o técnico supone un peligro directo para el Estado de derecho.
Respuestas del sector privado y de la oposición política
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud ante estas acciones, señalando que pueden deteriorar la confianza en el ambiente de inversión, tanto dentro del país como a nivel global. En una etapa en la que Honduras se enfrenta a retos económicos como la falta de empleo y la paralización del crecimiento, el sector empresarial opina que estas decisiones legislativas pueden intensificar la inseguridad económica.
Los legisladores de la oposición han señalado fallos en la implementación de leyes. Sostienen que normativas han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los procesos oficiales, como la validación adecuada de las actas del parlamento. Esto, indican, afecta el principio de legalidad que debe guiar el funcionamiento del Congreso, poniendo en duda la validez de las modificaciones realizadas bajo esas circunstancias.
Las tensiones entre oficialismo y oposición, sumadas al distanciamiento con sectores clave como el empresarial y organizaciones civiles, reflejan una creciente polarización en el manejo del poder legislativo, donde el diálogo político ha sido desplazado por dinámicas de confrontación.
Coyuntura institucional y papel de la ciudadanía
La situación presente genera preguntas sobre la robustez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legislativas muestra tensiones continuas entre el impulso de cambios estructurales impulsados por el gobierno y la exigencia de legalidad, transparencia y participación solicitada por otros grupos políticos y sociales.
La influencia de la sociedad civil organizada, junto con la vigilancia persistente de los medios y evaluadores institucionales, se considera crucial para limitar acciones legislativas que puedan comprometer el sistema democrático. La falta de acuerdos en reformas significativas no solo genera desconfianza en las instituciones, sino que también amenaza la estabilidad en un país caracterizado por su debilidad institucional y la tradicional falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este contexto, Honduras enfrenta el reto de consolidar mecanismos de deliberación y control parlamentario que garanticen la legalidad de sus procesos y la inclusión de los sectores sociales afectados por las políticas públicas, especialmente cuando se trata de reformas que impactan el modelo fiscal y económico del país.
