Honduras se aproxima a las elecciones generales en un clima de creciente preocupación. Señalamientos de irregularidades, intentos de control institucional y ataques a la libertad de prensa proyectan sombras sobre la integridad del proceso electoral, generando inquietud sobre la capacidad del país para llevar a cabo comicios justos y transparentes.
La alerta debido a la serie de eventos que han generado alarma y desconfianza entre diversos sectores de la sociedad se centra en la posible instrumentalización de instituciones clave, como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de influir en el resultado de los comicios y favorecer a determinados intereses políticos.
Intento de someter al CNE a procesos judiciales y peligros para la independencia electoral
El encendido de alarmas se ha producido por la posible preparación de acusaciones por parte del Ministerio Público contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al órgano electoral y asegurar el manejo del proceso por parte del oficialismo. Fuentes del ámbito político han señalado movimientos atípicos dentro del sistema judicial que indican una inminente acusación por presuntas irregularidades administrativas o abuso de autoridad contra consejeras percibidas como independientes o críticas de la influencia política del partido LIBRE sobre el CNE.
Líderes opositores y analistas han caracterizado este supuesto plan judicial como una táctica política para socavar la estructura del CNE y desplazar a aquellos que no comparten la visión del partido gobernante. Existe el temor de que una acusación oficial fuerce a las consejeras a dejar sus puestos, facilitando el nombramiento de reemplazos favorables al gobierno.
Entidades defensoras de derechos humanos y colectivos ciudadanos han advertido acerca de un posible «golpe institucional disfrazado» que pretende modificar al árbitro electoral a favor del partido gobernante justo antes de las elecciones. En respuesta a esto, varios grupos han pedido a la comunidad internacional que supervise las acciones del Ministerio Público y asegure la autonomía del organismo electoral.
Ataques a la prensa y restricciones a la libertad de información
En este escenario de intensificación de la división política, la prensa en Honduras atraviesa uno de sus períodos más difíciles desde el regreso a la democracia. Se reportan cada vez más casos de hostigamiento, intimidación, censura y ataques hacia medios de comunicación y reporteros independientes, originados tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de las Fuerzas Armadas.
Entidades como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) han lanzado avisos urgentes, señalando que en Honduras se está estableciendo un modelo de censura informativa dirigido desde el poder para silenciar voces críticas, desinformar a la población y asegurar el dominio absoluto del discurso público de cara a las elecciones.
Durante los meses recientes, se han documentado ataques físicos a periodistas mientras cubren manifestaciones, acoso digital organizado en contra de comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a información pública y amenazas anónimas hacia reporteros que investigan casos de corrupción.
Durante la cobertura de manifestaciones, se ha registrado la presencia de fuerzas militares que intimidan a los equipos de prensa, solicitan identificaciones, bloquean transmisiones y confiscan equipos periodísticos. Junto con la represión en el ámbito físico y digital, se ha iniciado una campaña de descalificación por parte del gobierno hacia medios independientes y periodistas destacados, calificándolos como «enemigos del pueblo» o «desestabilizadores».
Riesgos para la integridad del proceso electoral
La mezcla de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y los ataques a los medios de comunicación- crea un ambiente de inseguridad respecto a la integridad del proceso electoral en Honduras. La posible manipulación de instituciones esenciales y la limitación de la libertad informativa constituyen graves riesgos para la claridad y justicia de las elecciones.
Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad han llamado a la comunidad internacional a monitorear de cerca la situación y a exigir garantías de transparencia y respeto a los derechos fundamentales para asegurar que el pueblo hondureño pueda elegir a sus representantes en un ambiente de libertad y democracia.
