La reciente publicación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las preocupaciones respecto al sistema judicial del país. Según un informe del centro de investigación InSight Crime, el caso no solo revela conexiones entre figuras del narcotráfico y personas influyentes, sino que también confirma un patrón inquietante: el uso de la justicia como instrumento político.
Modelos de inmunidad y persecución dirigida
InSight Crime señala un escenario donde la legislación se implementa de manera desigual. Mientras algunos acusados son exhibidos públicamente y enfrentan juicios expeditos, otros, presuntamente conectados con el gobierno vigente, se mantienen fuera del brazo de la justicia o inclusive obtienen respaldo institucional. Este comportamiento, alerta el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por intereses políticos para garantizar impunidad a los aliados y penalizar a los opositores. La situación en Honduras, según el centro de estudios, avanza en esa dirección, lo cual pone en riesgo directamente el Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de vigilancia internacional:
La respuesta al informe fue inmediata. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han resaltado que el uso de la justicia como herramienta amenaza la credibilidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han sido solicitadas para observar el desgaste institucional de la nación.
Una fuente diplomática entrevistada por InSight Crime alertó que Honduras podría dirigirse hacia una severa crisis en la gestión del gobierno si no se restauran las garantías básicas de independencia judicial. La desconfianza pública, incentivada por la falta de transparencia y la impunidad, ha deteriorado aún más la confianza en las instituciones.
En este escenario, distintos sectores han solicitado con urgencia que entes multilaterales como la OEA y la ONU permanezcan atentos al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema judicial independiente y claro, libre de influencias políticas o intereses delictivos.
El escándalo del narcovideo no solo expone un episodio puntual de corrupción, sino que se ha convertido en un símbolo de una justicia que, lejos de ser ciega, parece mirar con conveniencia política.
