La implementación mandatoria de la verificación biométrica para los usuarios de telefonía móvil en Honduras ha suscitado una notable discusión en diferentes ámbitos, entre ellos el político, legal y social. Esta disposición, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos verifiquen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. El incumplimiento de este requisito podría conducir a la pérdida de los números actuales, generando preocupación en la población y en varios sectores.
El método de verificación biométrica implica que los usuarios tienen que enviar una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identificación (DNI) para confirmar su identidad. Según CONATEL, esta medida apunta a combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas telefónicas no identificadas, que complican el trabajo de los organismos encargados. No obstante, la medida ha suscitado dudas sobre su legalidad, claridad y el posible impacto en la privacidad de las personas.
Debates legales y políticos sobre la autentificación biométrica
Distintas figuras políticas y sectores sociales han manifestado su inquietud acerca de la legalidad y el tratamiento de los datos biométricos recopilados. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal suficiente, llamándola «totalmente ilegal» y aconsejando a los ciudadanos que no acaten la normativa hasta que se disponga de un marco normativo claro para regular la recolección y el uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta opinión evidencia un desacuerdo sobre la legitimidad de la medida y la salvaguarda de derechos fundamentales.
Por su parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones acerca del uso político potencial de los datos biométricos, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para manejar información biométrica, lo que cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud por la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
En respuesta, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha defendido la medida asegurando que es legal, transparente y humana. Además, ha negado que la validación biométrica tenga fines electorales y ha aclarado que el proceso es gestionado por las operadoras telefónicas, no por el Estado directamente. Asimismo, ha afirmado que no se está creando una nueva base de datos gubernamental y que la información recolectada no será utilizada para otros fines distintos a los establecidos, buscando así disipar las dudas sobre el manejo de los datos.
Visiones futuras y próximos pasos en la discusión sobre la autenticación biométrica
CONATEL ha sido citada para presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 con el propósito de exponer las bases técnicas y legales de la validación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar las inquietudes sobre privacidad, legalidad y transparencia del procedimiento, y podría afectar la permanencia o alteración de la medida.
La discusión pública se ha intensificado en las redes sociales y en los foros cívicos, donde numerosos individuos manifiestan su preocupación y desagrado sobre la potencial violación de su privacidad y la confusa aplicación de las medidas. Algunos han llegado a señalar que no seguirán el proceso de verificación, poniendo en duda la habilidad de las autoridades para suspender millones de líneas telefónicas sin ocasionar un impacto negativo significativo en las telecomunicaciones del país.
