En Honduras, la controversia relacionada con la campaña gubernamental titulada «las 10 familias» ha suscitado un acalorado debate sobre la interacción entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, asociaciones empresariales y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que perciben como un discurso de confrontación fomentado por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos conglomerados empresariales como culpables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, aumentar la polarización política y deteriorar la confianza en la inversión privada.
En este contexto, la diputada Beatriz Valle ha alzado su voz para cuestionar la efectividad de esta estrategia gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y divisionista contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente considera que existen privilegios fiscales injustos, tiene el poder para revocarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas de confrontación. Sus declaraciones han generado un fuerte eco en la esfera política, donde crecen las críticas por la falta de resultados concretos en materia económica y de gobernabilidad.
Observaciones sobre la campaña del gobierno y sus posibles efectos
Algunos grupos han visto la iniciativa de «las 10 familias» como un intento de desviar la atención de las fallas del gobierno en economía y seguridad. Líderes empresariales y activistas de derechos humanos advierten que este tipo de narrativa podría traer efectos adversos, semejantes a los ocurridos en otras naciones donde el fomento del odio entre clases por parte del Estado ha producido persecución política, confiscaciones y crisis económicas. Se menciona que ya están surgiendo amenazas personales, campañas de desprestigio en redes sociales y acusaciones sin evidencia que criminalizan a los creadoras de empleo.
Los directivos corporativos han expresado su inquietud por el efecto que este entorno adverso está ejerciendo sobre la economía del país. Se informa de una paralización de nuevas inversiones, la anulación de proyectos de expansión y el movimiento de capitales hondureños hacia otras naciones. Hay preocupación de que, si el gobierno sigue responsabilizando al sector privado de sus propios fallos, se termine por desmantelar lo poco funcional en la economía. Frente a este escenario, se insta al gobierno a detener este tipo de campañas que dividen y a convocar a un diálogo nacional constructivo.
La invitación a actuar y la demanda de resultados tangibles
La legisladora Beatriz Valle se ha mostrado especialmente crítica ante la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno, a pesar de que mantienen el control sobre los tres poderes del Estado. La representante del poder legislativo interroga por qué no se adoptan acciones legales en contra de aquellos señalados de corrupción o abuso, en lugar de solo repetir un mensaje desgastado. Su exhortación es a cesar la siembra de odio entre los ciudadanos hondureños y a centrarse en solucionar los verdaderos problemas del país.
Las afirmaciones de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso partes del oficialismo empiezan a mostrar su insatisfacción por la carencia de logros concretos en sectores esenciales como la economía, el sistema judicial y la administración. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no rivales ficticios. La población hondureña solicita un cambio de dirección que ponga en primer lugar la conversación, la inversión y la estabilidad, en vez de la confrontación y la separación.
