Varios representantes del sector privado en Honduras manifestaron inquietud frente a la potencial aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Gobierno que está en discusión en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría modificar de manera considerable el panorama económico nacional. Las advertencias surgen en un entorno caracterizado por la ralentización económica y las crecientes exigencias sociales, lo que ha intensificado la discusión acerca del rol estatal en temas fiscales.
Postura empresarial ante la iniciativa gubernamental
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un vocero del COHEP señaló que, de entrar en vigor, la normativa podría generar un entorno poco atractivo para la inversión, derivando en una cadena de consecuencias que incluye despidos masivos, inflación y relocalización de empresas hacia economías con mayor estabilidad normativa. Las críticas se centran principalmente en la eliminación de incentivos fiscales que, según los empresarios, han sido claves para el crecimiento de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Impactos previstos en el trabajo, costos y competitividad
El ámbito empresarial destacó tres repercusiones principales que, en su opinión, surgirían con la adopción de esta normativa:
- Disminución del empleo formal: las compañías que ahora operan bajo regímenes especiales de exención podrían verse forzadas a reducir su personal o a cesar sus operaciones debido al aumento de sus gastos. Las áreas económicas en mayor riesgo serían las enfocadas en la exportación y aquellas situadas fuera de los principales núcleos urbanos.
- Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura impositiva, según estimaciones privadas, llevaría a un incremento en los precios de bienes básicos como alimentos, medicamentos, transporte y servicios esenciales. Esto impactaría sobre todo a los grupos de menores ingresos, ya que los nuevos costos se trasladarían al comprador final.
- Éxodo de capital y talento: una inquietud adicional es la posible migración de empresas e inversiones hacia naciones cercanas con regulaciones percibidas como más estables. Esta tendencia, alertan, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de causar una pérdida considerable de empleo calificado.
Demandas de comunicación y revisión de leyes
En este contexto, diversas industrias solicitaron al Congreso Nacional detener el avance de la ley hasta no establecer espacios para un diálogo técnico y participativo. Los representantes del ámbito privado expresaron que una reforma fiscal necesita un amplio consenso y un análisis de impacto, especialmente en un escenario económico caracterizado por una elevada informalidad y escasa recaudación.
Asimismo, instaron a la población a educarse acerca de los detalles de dicha propuesta y a demandar que las resoluciones en temas fiscales no perjudiquen el empleo ni la competitividad del país. «Lo que se arriesga no es un beneficio especial, sino el sustento de miles de familias», declaró un vocero empresarial.
Desafíos institucionales y problemas fiscales
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria se inscribe en un contexto de tensión entre el gobierno y sectores económicos organizados, y refleja una disputa de fondo sobre el modelo de desarrollo que el país debe seguir. Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de revisar los regímenes fiscales para reducir la desigualdad y aumentar los ingresos estatales, el sector privado advierte sobre los efectos de una reforma sin consenso técnico ni garantía de seguridad jurídica.
En este episodio se reflejan los retos que confronta Honduras para equilibrar sus metas de equidad tributaria con la necesidad de preservar un entorno favorable para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un contexto caracterizado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate respecto a esta ley destaca la urgencia de establecer mecanismos de concertación y diálogo social continuo.
