Con el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras inicia un proceso electoral que culminará en noviembre de 2025, en medio de una coyuntura política y social profundamente polarizada. Las elecciones generales, en las que se elegirá a presidente, diputados y autoridades locales, representan más que un ejercicio democrático periódico: se perfilan como un momento crucial para el futuro institucional del país. Las tensiones acumuladas en torno al modelo de gobierno, las divisiones dentro de la oposición y la creciente desconfianza en las instituciones han convertido esta convocatoria en una encrucijada para la democracia hondureña.
Diferentes grupos políticos, empresariales y de la sociedad civil están de acuerdo en que los comicios en Honduras 2025 representarán un referéndum sobre la dirección del país. La jornada electoral evaluará no solo al gobierno, señalado por su autoritarismo y centralización del poder, sino también a una oposición debilitada y a un electorado escéptico.
Conflictos estructurales previos a las elecciones
El comienzo del ciclo electoral se da sin acuerdos sobre reformas importantes, tales como aquellas relacionadas con el sistema de votación y el manejo de datos biométricos. Las acusaciones de presunta alteración en estos sistemas, junto con el uso político de recursos gubernamentales, han suscitado inquietud tanto a nivel nacional como internacional. La continuidad del estado de excepción también incrementa las preocupaciones sobre la justicia del proceso.
Además, existe un miedo creciente de que se empleen recursos legales para silenciar a líderes opositores, periodistas y empresarios que critican al gobierno. Este ambiente de tensiones antes de las elecciones ha generado preocupaciones en sectores que advierten sobre un posible retroceso en las libertades democráticas.
En este escenario, el Consejo Nacional Electoral se enfrenta al reto de llevar a cabo unas elecciones confiables, en un contexto donde la confianza de la población ha sido erosionada por años de crisis institucional y acusaciones de intervención política.
División en la oposición y peligro de poca participación
A pesar de que el descontento generalizado con el gobierno actual es claro en múltiples áreas, la oposición no ha conseguido unirse en una coalición que sirva como una alternativa unificada. Esta división entre los opositores, en lugar de afectar al partido gobernante, podría beneficiar su continuidad en el poder, incluso en un contexto de críticas.
En otro sentido, el desinterés de los votantes podría convertirse en un alto nivel de abstencionismo. Sin seguridades de claridad ni indicios de una competencia justa, muchos grupos podrían decidir no participar, lo que impactaría negativamente en la legitimidad del evento.
Ante esta situación, varias organizaciones han aumentado los llamados a una participación activa y atenta de la población. Asimismo, han expresado su apoyo a una mayor presencia de observadores internacionales que supervisen el respeto al marco legal y democrático.
Según un líder estudiantil, el periodo electoral en Honduras debería considerarse no solo como un deber cívico, sino también como una acción de protección conjunta del país que se busca crear para el futuro de las siguientes generaciones.
