A poco más de un año de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, distintos sectores políticos y sociales han expresado preocupación por lo que califican como señales anticipadas de una estrategia orientada a condicionar la legitimidad del proceso electoral. Las alertas provienen de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes observan una serie de acciones del partido gobernante, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían minar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Denuncias sobre declaraciones y acciones que influirían en el procedimiento electoral
Una de las inquietudes más destacadas es la constante mención en discursos oficiales sobre la posibilidad de fraude, sin aportar evidencias sólidas. Estas afirmaciones apuntan a sectores económicos, medios de prensa y actores del exterior como presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que según ciertos expertos parece un intento de crear la idea de manipulación electoral en caso de perder en las elecciones.
La narrativa, según observadores, parece buscar un doble objetivo: deslegitimar con antelación cualquier resultado desfavorable y al mismo tiempo fomentar un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Conflictos institucionales y dudas sobre el juez electoral
Un tema delicado ha sido la posición que LIBRE ha adoptado respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido en el gobierno tuvo un rol importante en la creación de esta entidad, ahora emite comentarios que ponen en duda su imparcialidad y confianza. Según opiniones críticas, esta táctica busca debilitar la autoridad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Al mismo tiempo, se ha destacado un aumento en los casos legales contra miembros de la oposición, reporteros y activistas por los derechos humanos. Este tipo de acciones son vistas por grupos opositores como formas de presión que tal vez restrinjan el debate público y la participación ciudadana en un contexto previo a las elecciones.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La mezcla de relatos sobre fraude, procesos judiciales contra opositores y limitaciones institucionales ha despertado inquietud en distintos grupos acerca de la posible desmovilización del electorado contrario. De acuerdo con especialistas, esta situación podría llevar a la abstención, desinterés o incluso a escenarios de conflicto después de las elecciones si uno de los lados cuestiona o no acepta el resultado.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Exigencias de asegurar la claridad y el respeto al proceso
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos solicitando al Estado hondureño compromisos firmes con la transparencia electoral. Entre ellos, destacan el respeto al calendario comicial sin modificaciones, la no interferencia política en los órganos electorales y judiciales, y la aceptación pública de los resultados, sea cual sea el desenlace.
Organismos tales como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de vigilancia ciudadana han expresado su voluntad de apoyar el proceso, a la vez que piden que se permita una observación internacional extensa, anticipada y neutral. La expectativa de estas entidades es que Honduras asegure un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente, sin presiones ni restricciones institucionales.
Un panorama marcado por la incertidumbre y la exigencia democrática
El contexto electoral en Honduras hacia el año 2025 se vislumbra como un momento crucial para la solidez institucional de la nación. Las alertas expresadas por múltiples sectores destacan una inquietud generalizada sobre la eventual influencia de intereses políticos en el proceso.
Ante la fragilidad del sistema democrático y el historial de crisis poselectorales en el país, el desafío central radica en asegurar un proceso transparente, con garantías para todos los actores, y que derive en un resultado aceptado por la ciudadanía. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del voto, sino del respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.
