El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha suscitado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por líderes empresariales como un riesgo directo para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de sectores como el de la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría provocar una serie de cierres y despidos numerosos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
La influencia anticipada de la reforma no se circunscribe solo al ámbito de los negocios, sino que también se extiende a la economía doméstica y al entramado social de Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la baja en la actividad económica, junto con el éxodo de empresas, podría resultar en un incremento del desempleo estructural, un aumento de la informalidad, migración obligada y un deterioro del consumo nacional. Esta situación se agrava en el contexto actual del país, donde más de un millón de personas están en la búsqueda de trabajo adecuado y el empleo informal afecta a una gran parte de los habitantes.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa de Justicia Tributaria propone la eliminación de esquemas de exoneraciones y exenciones fiscales, impactando en más de diez sectores productivos, como zonas francas, turismo, energías limpias y manufactura. De acuerdo con datos de empresarios, actualmente más de 400,000 puestos de trabajo directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de suministros y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas, talleres, comercios y granjas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de hondureños y aumentando la presión sobre el sector informal.
El informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advierte que la reforma fiscal podría perjudicar a sectores como el turismo, la manufactura y la agroindustria. Por ejemplo, en el ámbito de la manufactura se calcula que estarían en peligro 40.000 empleos y más de 733 millones de dólares en exportaciones; mientras tanto, en el sector turístico, el impacto podría traducirse en la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y en una caída considerable en la inversión y los salarios. Además, el incremento de los costos operativos, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría inviable su operación en el mercado, lo que empeoraría la situación de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y soluciones alternativas del ámbito privado
Las consecuencias sociales de la reforma parecen ser permanentes, con el potencial de incrementar la pobreza, el éxodo forzado y la falta de confianza a niveles nacional e internacional. La expansión del sector informal y la disminución de empleos con beneficios sociales podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, afectando a todos los habitantes de Honduras. La inquietud de los empresarios abarca el efecto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de puestos de trabajo podría hacer que el país se empobrezca aún más.
En este contexto, el ámbito privado ha presentado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de dejar más dinero en manos de los ciudadanos de Honduras, impulsar el crecimiento económico y crear empleo. También proponen que, en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo auditorías y supervisiones a las compañías que están exentas de impuestos y que presenten irregularidades, utilizando las potestades que ya ofrece la normativa actual. El sector empresarial recalca la importancia del diálogo y la consulta con todos los agentes productivos antes de aprobar una reforma con posibles consecuencias permanentes para el desarrollo económico y social del país.
La discusión respecto a la Ley de Justicia Tributaria sigue candente, con insistentes solicitudes al Congreso Nacional para que examine detenidamente el contenido de dicha ley y evite resoluciones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.
