La gestión de Xiomara Castro en la política exterior de Honduras ha suscitado un notable debate. Se observa una marcada preferencia por establecer alianzas con gobiernos de izquierda en la región latinoamericana. Tal elección ha desplazado una postura que tradicionalmente buscaba el equilibrio, fundamentándose en los intereses nacionales y el bienestar de la ciudadanía hondureña.
Desde el comienzo de su mandato, el gobierno de Castro ha fortalecido vínculos con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Simultáneamente, se ha notado un alejamiento en las relaciones con Estados Unidos y otros socios estratégicos de Honduras. Este giro en la política exterior plantea preguntas sobre las posibles consecuencias para la estabilidad económica, diplomática y comercial del país.
La política exterior del Partido LIBRE muestra una tendencia a aliarse con líderes de izquierda en la región. En varias oportunidades, se han minimizado denuncias importantes sobre violaciones de derechos humanos, corrupción y represión política en estos países.
Cambio en las relaciones internacionales y sus posibles consecuencias
Ejemplos concretos incluyen el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de las alegaciones de fraude electoral y la crisis humanitaria existente. También se manifiesta el respaldo al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pese a la persecución de opositores, el cierre de medios de comunicación y la expulsión de figuras religiosas y periodistas. Asimismo, se observa afinidad con Cuba y su modelo de gobierno centralizado, promoviendo una narrativa que defiende el sistema socialista en lugar de fortalecer vínculos con democracias occidentales.
Dicha política exterior, basada en afinidades ideológicas en detrimento de estrategias pragmáticas, podría conllevar implicaciones significativas para Honduras. Se anticipa un deterioro en las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, lo que podría afectar la inversión extranjera y la cooperación internacional. Existe la posibilidad de una pérdida de oportunidades comerciales, especialmente con socios estratégicos como Estados Unidos, principal destino de las exportaciones hondureñas. Además, se prevé una reducción en la asistencia financiera y los programas de cooperación, lo que impactaría sectores clave como la infraestructura, la educación y la seguridad. Finalmente, se contempla un mayor aislamiento en la comunidad internacional, alejando a Honduras de organismos que promueven el desarrollo y la democracia.
Mientras otros países de la región intentan estrechar lazos con potencias económicas y fomentar acuerdos comerciales, el gobierno de Xiomara Castro parece inclinarse por una agenda ideológica que podría debilitar la posición de Honduras a nivel global. Se plantea la incógnita de si el gobierno hondureño está dispuesto a comprometer el bienestar del país para mantener su alineación con regímenes de izquierda. Se sugiere que la política exterior debería centrarse en mejorar las condiciones de vida de los hondureños, en lugar de impulsar una agenda política que ponga en riesgo el futuro económico y diplomático de la nación.
El silencio ante denuncias a los aliados de Honduras y sus implicaciones
Ha causado preocupación global la actitud del gobierno de Xiomara Castro ante las repetidas acusaciones dirigidas a los gobiernos latinoamericanos con los que se alinea. Su rechazo a manifestarse contra las denuncias hacia países como Venezuela, Cuba y Nicaragua se ve como una táctica para legitimar estos regímenes y consolidar su relación con ellos.
Mientras la comunidad internacional señala que estos gobiernos carecen de características democráticas, Honduras ha optado por el silencio. Esta actitud afecta la credibilidad del país en la esfera internacional y podría establecer las bases para un modelo de control interno semejante.
Bajo la gestión de Castro y Manuel Zelaya, Honduras ha optado por no comentar las acusaciones contra países con los que comparte afinidad ideológica. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha sido denunciado por el cierre de medios de comunicación, el encarcelamiento de opositores y la expulsión de figuras religiosas. Honduras ha evitado criticar estas acciones, incluso cuando han afectado a ciudadanos hondureños. En Venezuela, mientras la ONU y la Corte Penal Internacional investigan a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, el gobierno hondureño mantiene un apoyo constante y se abstiene de cualquier condena. Las denuncias contra Cuba se enfocan en la represión de protestas opositoras, pero Honduras ha decidido fortalecer sus vínculos con el gobierno cubano.
La posición adoptada por Honduras podría tener repercusiones en sus relaciones con organismos multilaterales y con países que creen que los aliados de Castro son antidemocráticos. La Unión Europea, Estados Unidos y otros socios estratégicos han mostrado que no titubean en imponer sanciones a naciones que legitiman a estos gobiernos latinoamericanos. Se cuestiona si Honduras está en proceso de replicar estos modelos o si los ciudadanos hondureños actuarán antes de que sea demasiado tarde.
