La integración del libro “El Golpe 28-J”, autoría del exmandatario hondureño Manuel Zelaya Rosales, dentro del sistema educativo estatal ha desencadenado un acalorado debate en Honduras acerca de la influencia política en el ámbito educativo. Esta obra, que relata la perspectiva de Zelaya sobre el golpe de Estado acaecido el 28 de junio de 2009, fue añadida a la Cátedra Morazánica, una materia de formación cívica, con el propósito oficial de conservar la memoria histórica y evitar la repetición de eventos similares. No obstante, la impresión y distribución masiva de 100.000 ejemplares por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud entre distintos sectores sociales y educativos sobre una posible politización del contenido escolar.
La controversia aumenta al compararse con la situación en Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en los colegios durante la implementación del proyecto bolivariano. En Honduras, algunos opositores perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de adoctrinamiento político, aunque el gobierno asegura que el libro es parte de un programa educativo de memoria histórica, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y fundamentado en hechos comprobables.
Contenido y controversia en torno a El Golpe 28-J
El material titulado Golpe 28-J se presenta como un documento histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un acontecimiento que la comunidad internacional ha identificado como una fractura del orden constitucional, condenado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra resalta a Zelaya como víctima y mártir, mientras que sus adversarios son descritos como representantes de intereses foráneos. Esta narrativa ha recibido críticas de sectores que opinan que el libro posee una significativa carga ideológica y que su incorporación en el currículo podría afectar la libertad de cátedra y comprometer la neutralidad educativa.
Aunque al principio se comunicó que el libro debía leerse de manera obligatoria en todos los niveles educativos básicos y medios, la Secretaría de Educación posteriormente aclaró que no es un requisito imperativo y que se respetará la autonomía del profesorado. Esta aclaración tiene como objetivo responder a las críticas de educadores y padres que demandan una educación sin propaganda política y enfocada en valores democráticos y el pensamiento crítico. No obstante, la orden oficial publicada en el diario La Gaceta y la impresión masiva del libro mantienen viva la discusión sobre el verdadero alcance de esta medida.
Impacto social y potenciales consecuencias políticas
Padres, docentes independientes y representantes de instituciones educativas privadas han manifestado su rechazo a la imposición de “El Golpe 28-J”, argumentando que la educación debe mantenerse neutral y que la obligatoriedad de un texto con una visión partidista podría ser inconstitucional. Se ha señalado que esta medida podría limitar la libertad de cátedra y forzar a los maestros a enseñar una versión sesgada de la historia reciente.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito educativo podría ser parte de un plan para crear un entorno cultural y social propicio para transformaciones políticas de gran envergadura, como la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, semejante a lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta lectura se fundamenta en la noción de que dominar el relato histórico y moldear las ideas de las futuras generaciones son movimientos iniciales para afianzar proyectos políticos sostenibles en el tiempo.
El gobierno, por su parte, defiende la inclusión de “El Golpe 28-J” como un ejercicio de responsabilidad histórica y un compromiso con la verdad, enfatizando la necesidad de que los jóvenes conozcan los hechos del golpe y sus consecuencias. Según esta perspectiva, educar sobre el pasado no debe interpretarse como revancha, sino como un mecanismo para evitar la repetición de episodios similares.
De esta manera, la inclusión de “El Golpe 28-J” en el programa educativo hondureño demuestra una clara división social y política respecto al papel de la enseñanza en la formación de los ciudadanos y la preservación de la memoria histórica. La discrepancia entre la autonomía docente y la difusión de una versión oficial ilustra los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo democrático.
