En Honduras, diversas congresistas pertenecientes a diferentes partidos han declarado públicamente una serie de agresiones, maltrato verbal y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones reflejan un entorno hostil donde las representantes enfrentan intimidaciones y subestimación debido a su género, sobre todo cuando manifiestan opiniones críticas o intervienen en discusiones legislativas. Estas situaciones han promovido un debate sobre el respeto y la equidad en los espacios de poder, resaltando la persistencia de conductas misóginas y lenguaje agresivo en el parlamento.
Las acusaciones igualmente indican que este comportamiento ha aumentado en el contexto de debates controversiales, como aquellos vinculados a la Ley de Justicia Tributaria y los cambios en el Poder Judicial. Aunque la severidad de estos hechos es evidente, las autoridades del Congreso no habrían implementado sanciones disciplinarias para los responsables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las diputadas han demandado acciones efectivas para asegurar su seguridad y el respeto a su función legislativa.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han señalado que en el Congreso Nacional se presentan comportamientos que varían desde insultos hasta intentos de agresión física, lo que muestra un patrón de violencia política de género. Este problema repercute en la participación completa y efectiva de las mujeres en el proceso legislativo, creando un clima de intimidación y exclusión.
La violencia política de género se manifiesta principalmente durante debates intensos, cuando las legisladoras adoptan posturas críticas frente al gobierno. Esta situación no solo afecta los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también pone en peligro la calidad de la democracia, al restringir la variedad de opiniones y voces en el proceso de decisión. La falta de protocolos específicos para tratar estos casos en el Congreso contribuye a mantener esta problemática.
Apoyo social e institucional y requerimientos de las legisladoras
Diversos sectores de la sociedad civil, junto con organismos internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han expresado su apoyo a las diputadas afectadas y han solicitado al Estado hondureño garantizar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han subrayado la necesidad de implementar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes cometen actos de violencia política, así como la creación de protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán luchando por ser atendidas y respetadas, subrayando que su tarea es representar al pueblo y no ser objeto de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias está el establecimiento de medidas claras para proteger su seguridad, el respeto absoluto a su función legislativa y la eliminación de cualquier forma de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas esenciales para fortalecer la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.
