La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido motivo de un intenso diálogo público tras los comicios primarios llevados a cabo el 9 de marzo de 2025. Diversos grupos sociales y partidos de la oposición han expresado su inquietud debido a una serie de fallos logísticos, especialmente en la distribución del equipo electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se informaron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta circunstancia provocó largas filas de votantes, manifestaciones ciudadanas y una atmósfera general de descontento, observable tanto en los espacios de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la escasez de materiales y la limitada presencia de personal en las mesas electorales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.
Cuestionamientos al rol de las fuerzas armadas en el proceso electoral
En este escenario, las Fuerzas Armadas renovaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el cronograma establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, ofreció un respaldo completo a la entidad militar, resaltando su función en la seguridad y en la logística electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, afirmó que las Fuerzas Armadas no aceptaron su responsabilidad en los retrasos y denunció casos de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión entre el CNE y las Fuerzas Armadas aumentó la preocupación sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planificado para noviembre de 2025.
La normativa legal en Honduras, específicamente el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la responsabilidad de la custodia, transporte y supervisión de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el voto, no participar en actividades partidarias, y no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, lo cual es inusual a nivel global y, según algunos estudios, evidencia la debilidad y la baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión acerca del rol militar
Tras los últimos eventos, han cobrado fuerza las iniciativas de reforma constitucional para reducir o suprimir el rol de las Fuerzas Armadas en los comicios. El experto en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, ha indicado la importancia de que las competencias electorales sean trasladadas a autoridades civiles, alegando que los comicios deben ser gestionados exclusivamente por estas instancias. En un sentido similar, el legislador Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), hizo una propuesta para enmendar el artículo 272 de la Constitución, con la intención de limitar la función militar en asuntos electorales y robustecer la institucionalidad civil. No obstante, esta propuesta ha provocado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos de la oposición, que ven la propuesta como un posible intento de acaparamiento de poder por parte del gobierno.
La discusión sobre la intervención militar en los comicios ha sido impulsada por la creencia de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de involucramiento militar en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más extensa de los roles de las Fuerzas Armadas, especificando sus funciones y reforzando el control civil sobre la estructura militar. Las sugerencias incluyen también el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la finalidad de lograr un control democrático real y disminuir la injerencia militar en el ámbito político.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un tema crucial en la agenda política, con llamados a implementar reformas que garanticen la independencia y la transparencia en el proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema de votación se valora como esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.
