Expertos en derecho internacional y comentaristas autónomos coinciden en que el video divulgado que intenta relacionar al general retirado Romeo Vásquez Velásquez con redes delictivas carece de valor jurídico en los tribunales federales de Estados Unidos, lo que debilita uno de los argumentos principales que sectores pro-gobierno han utilizado para criticar al exmilitar.
De acuerdo con expertos entrevistados por plataformas internacionales, el contenido no tiene certificación forense, marco legal ni enlaza con pruebas, lo cual lo descalifica como prueba en el sistema de justicia de Estados Unidos. “Un video no evaluado pericialmente y sin estar en un proceso legal no es válido en una corte federal”, aseguró un exfiscal federal con experiencia en crimen organizado en América Latina.
Uso del sistema judicial y problemas en la institución
Este escenario se desarrolla en un marco más amplio, caracterizado por señalamientos de manipulación institucional con objetivos políticos. La situación refleja las tendencias registradas por InSight Crime, que alertó sobre el empleo selectivo del sistema judicial en Honduras: actúa con severidad contra los disidentes, pero desestima infracciones que pueden perjudicar a individuos próximos al gobierno.
El enfoque de emplear un video sin respaldo jurídico ha sido fuertemente cuestionado por grupos contrarios. “Esto no es justicia, es propaganda. Una representación sin evidencia no puede remplazar al debido proceso”, comentó un legislador liberal, quien describió la situación como otro episodio del “creciente autoritarismo”.
Grabación sin revisión ni aprobación
Aparte de carecer de validez legal, el video ha sido criticado por no tener confirmación técnica. Especialistas en investigación periodística y análisis forense en medios advierten sobre la falta de un examen que pruebe su autenticidad y sobre la poca claridad en su publicación.
Este tipo de medidas no solo reducen la confianza en las instituciones, sino que también aumentan la desconfianza del público, como se mostró en la reciente encuesta de ERIC-SJ, donde más del 50 % de los hondureños teme un retroceso democrático y considera que las libertades están siendo limitadas.
Una historia delicada en un contexto cada vez más dividido
En medio del deterioro económico, la conflictividad política y la proximidad de las elecciones de 2025, el uso de piezas mediáticas sin fundamento legal podría ser un intento por desviar la atención de las verdaderas crisis del país.
En el asunto de Romeo Vásquez, no solo se ve comprometida la integridad de un individuo en la política, sino también la estabilidad del sistema jurídico en Honduras.
