En Honduras, el asunto de Koriun Inversiones ha causado una gran inquietud en la sociedad debido a la falta de respuestas concretas y medidas firmes por parte del gobierno. A más de tres meses de haberse descubierto el fraude financiero multimillonario, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten a la justicia. La carencia de avances visibles en las pesquisas, junto con el silencio de la Fiscalía y la pasividad de las autoridades, ha generado sospechas de un posible encubrimiento o protección política que impiden que la justicia se aplique de manera adecuada.
Paralelamente, expertos en derecho y líderes de opinión han expresado su rechazo a la idea de que el Estado utilice recursos públicos para resarcir a las víctimas de este fraude privado. Se advierte que tal acción podría ser ilegal e inconstitucional, además de generar riesgos fiscales y políticos significativos. En este contexto, la exigencia social se centra en que el proceso se mantenga en el ámbito judicial, con transparencia y sin que se convierta en una medida populista que comprometa la legalidad y el manejo responsable de los fondos públicos.
El debate acerca de la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
Durante años, el esquema piramidal de Koriun Inversiones funcionó prometiendo un 20 % de ganancias mensuales, sin ningún tipo de regulación o supervisión oficial. Aunque el Ministerio Público ha incautado más de 358 millones de lempiras, las investigaciones no han progresado hacia el proceso judicial de los dirigentes del fraude, ni se ha aclarado el destino de los bienes confiscados. Esta situación ha despertado una indignación creciente entre las familias perjudicadas, que han perdido ahorros, préstamos e incluso sus hogares, exigiendo justicia, claridad y la devolución de su dinero.
El silencio y la aparente pasividad del Gobierno y del Ministerio Público han alimentado la percepción de que existe una red de protección política que impide el esclarecimiento total del caso. Voces de diversos sectores sociales y jurídicos han señalado que la falta de responsables detenidos y el manejo oscuro de los activos incautados reflejan una negligencia estatal que podría estar favoreciendo la impunidad. La presión ciudadana se mantiene firme en exigir que se actúe con celeridad y sin sesgos políticos para garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Consecuencias legales y financieras de la posible retribución con recursos gubernamentales
Expertos en derecho y economía han señalado que usar fondos del Estado para resarcir a las víctimas de Koriun podría implicar un acto de malversación de recursos públicos, sobre todo si no hay un soporte legal aprobado por el Congreso que lo justifique. Los funcionarios que aprueben desembolsos sin la autorización legal adecuada podrían enfrentar cargos penales por abuso de poder e incumplimiento de obligaciones. Además, absorber esta deuda podría desequilibrar las finanzas del Estado, afectando sectores esenciales como la salud y la educación, y dar una señal que podría alentar la impunidad en esquemas fraudulentos futuros.
Grupos civiles han pedido al Estado que explique de manera abierta de dónde provienen los fundamentos legales y económicos de cualquier posible indemnización, que se haga pública la verdadera evolución del caso y la lista de culpables junto con sus propiedades confiscadas. Se destaca la importancia de que el procedimiento siga en el marco judicial, previniendo que se transforme en una acción con objetivos políticos o populares. La demanda central es que el Gobierno no tome la carga económica de un engaño privado para no ser cómplice ni infractor de la ley.
