La indignación de los más de 35.000 hondureños afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones continúa creciendo, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) enfrenta críticas por su inacción ante el fraude. Los afectados denuncian el abandono por parte del organismo encargado de la supervisión financiera y acusan una falta de respuesta tanto en el ámbito judicial como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
Nos aseguraron que investigarían, que tomarían medidas, sin embargo, la CNBS ha sido partícipe por inacción. Actualmente, nos encontramos sin respuestas, sin fondos, y sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Este sentir de desamparo es compartido por numerosos individuos, quienes se perciben defraudados tanto por los responsables inmediatos de Koriun como por las autoridades que, según indican, debieron haber actuado previamente.
La ausencia de claridad y las sospechas de impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Variados sectores de la nación han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado pasividad al no ofrecer la información relevante sobre la gestión de la situación. De acuerdo con un abogado defensor de los perjudicados, esta inacción del ente supervisor solo empeora la situación: «Es inaceptable que un ente supervisor no haya identificado a tiempo una estafa de tal magnitud. No solo fracasaron en prevenir, ahora también fallan en asumir su responsabilidad».
Solicitudes de acción internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y la creciente insatisfacción entre las personas afectadas, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar sus demandas más allá de los límites nacionales. Entidades civiles y damnificados están solicitando de manera formal el respaldo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que estas entidades supervisen la gestión de la crisis y, especialmente, la conducta de las instituciones hondureñas en relación con el escándalo de Koriun.
Uno de los representantes de los afectados expresó: «El Estado está obligado a proteger a los ciudadanos, no a encubrir estafadores. Esto es un doble crimen: el que cometió Koriun y el que permite la CNBS al no hacer nada». Este sentimiento refleja el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades nacionales para enfrentar el fraude y garantizar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gobernabilidad
El escenario destaca nuevamente las debilidades del mecanismo de supervisión financiera en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la transparencia y la justicia. La falta de una acción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría tener repercusiones más significativas en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la gobernanza del país.
Los perjudicados, en tanto, continúan aguardando una solución que les permita recobrar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y la falta de claridad en torno al caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente a la creciente desconfianza en la gestión de crisis de esta naturaleza.
