La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, ha sido nuevamente aplazada tras la renovación, por quinta vez, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El anuncio, realizado esta semana, coincide con la falta de avances en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales esenciales para el funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
La paralización ha revitalizado objeciones desde distintos grupos de la sociedad civil y del ámbito internacional, que ven la demora como un indicativo de debilitamiento del compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente respecto a la supresión de la inmunidad parlamentaria, evita la implementación exitosa de la CICIH, a pesar de haber entregado un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición a establecer la comisión, señalando avances en las negociaciones con Naciones Unidas. No obstante, las condiciones necesarias para su implementación dependen de reformas legales y constitucionales que deben ser aprobadas por el Congreso, donde no se ha logrado el respaldo suficiente.
Ante la reciente extensión, importantes sectores han manifestado su descontento con la gestión del procedimiento. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como «una traición al pueblo que confiaba en la promesa de justicia», mostrando el desagrado dentro de la oposición política. Por otro lado, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Dificultades políticas y agotamiento de la población
El establecimiento de la CICIH enfrenta diversos desafíos políticos. Uno de los principales es la modificación de estructuras legales que eliminaría protecciones legislativas vistas por varios grupos sociales como un impedimento para luchar contra la corrupción de manera eficaz. La ausencia de compromiso político en el Congreso ha sido identificada por múltiples actores como una de las razones clave del impasse.
Más de dos años han pasado desde que empezó la administración de Castro, y tanto las organizaciones de la sociedad civil como las redes de la ciudadanía están manifestando una brecha entre las promesas iniciales y las acciones concretas. Estos grupos indican que la constante demora en la toma de decisiones cruciales ha mermado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Demandas de acción y presión global
El actualizado acuerdo de colaboración no presenta un plazo definido para el establecimiento de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la confianza del país en aspectos de cooperación global. La sensación de estancamiento ha provocado dudas entre partes externas, lo que podría resultar en impactos adversos para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su estructura democrática.
En esta situación, varias personas han sugerido que es esencial liberar el proceso aprobando rápidamente las reformas necesarias, lo cual posibilitaría concretar un pacto final con la ONU. Afirman que estas medidas no solo activarían un sistema para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional indefinido
El retraso en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los desafíos estructurales que Honduras enfrenta al intentar establecer un sistema que sea independiente y efectivo. Los continuos impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, mantienen en espera una de las iniciativas clave para combatir la impunidad en la nación.
El asunto destaca los conflictos entre los compromisos internacionales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, además del reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales efectivas. Por otro lado, el país sigue sin un mecanismo de apoyo externo para investigar casos de gran relevancia, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales contra la corrupción a corto y mediano plazo.
