El fraude piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 individuos en Honduras, ha llegado al núcleo del debate político debido a las preguntas surgidas sobre personas cercanas al entorno del poder presidencial. Específicamente, las críticas se han enfocado en el denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a aquellos funcionarios con conexiones familiares o políticas con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha iniciado acciones judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha intervenido con medidas como la congelación de cuentas y algunas capturas, persiste una fuerte incertidumbre sobre la transparencia y el alcance real de las investigaciones. La falta de información oficial detallada sobre cómo se permitió el funcionamiento del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la supervisión financiera y de la aplicación de justicia.
Acusaciones contra empleados con conexiones políticas
Entre los individuos señalados en las discusiones públicas están Héctor Zelaya, asistente personal de la Presidencia e hijo del exmandatario Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos desempeñan funciones clave desde que comenzó el gobierno actual y, según varios críticos, podrían tener influencia en los procedimientos institucionales vinculados al caso Koriun.
Estas imputaciones surgen en un entorno caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aun cuando no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios nombrados con el fraude, las críticas señalan la posible falta de objetividad en las acciones y una gestión arbitraria de las responsabilidades legales que les competen.
Dudas sobre la actuación institucional
La CNBS es una de las entidades más criticadas por su lenta reacción ante el esquema fraudulento, que consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierto. La comisión apoyó la declaración del gobierno de compensar a los perjudicados, aunque no proporcionó un informe técnico o legal que detalle las condiciones de este procedimiento ni las razones de la debilidad en los controles preventivos.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la investigación no vienen acompañados de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres acerca del rol de los funcionarios estatales en la omisión o el posible encubrimiento de las irregularidades.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Grupos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han solicitado crear una comisión autónoma, a nivel nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera independiente los hechos y posibles conexiones entre los implicados en el esquema y los funcionarios gubernamentales. Las exigencias abarcan la divulgación de un informe exhaustivo que aclare los procedimientos operativos del fraude, la identificación de fallos en los controles financieros y la responsabilidad de todas las personas involucradas, sin excepciones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun puede ser un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el Estado da más importancia a las compensaciones políticas que a la justicia, el perjuicio a la confianza institucional es irreversible», se mencionó en un evento reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que va más allá de lo financiero
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
La evolución de este proceso, junto con la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes, determinarán no solo el curso legal del asunto, sino también el grado de confianza que los ciudadanos de Honduras tengan en sus gobernantes en un ambiente de vulnerabilidad institucional y fuerte división. Actualmente, la demanda principal es una investigación sin interferencias y con aseguramiento de transparencia, como requisito básico para mantener la legitimidad del imperio de la ley.
