La situación crítica provocada por el fraude piramidal de gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha ganado intensidad en semanas recientes, con ciudadanos manifestándose en Tegucigalpa y San Pedro Sula, demandando medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas áreas del país denuncian la falta de acción institucional frente a un fraude que ha resultado en millonarias pérdidas para más de 35.000 individuos. La limitada respuesta gubernamental hasta este momento ha amplificado las críticas públicas y vuelto a poner en tela de juicio la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar estafas de tal envergadura.
Críticas a denuncias públicas y oficiales
Las protestas recientes destacaron por las consignas enfocadas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en organizaciones del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan señalado culpables de forma clara.
Una de las críticas más destacadas se dirige a la CNBS. Los manifestantes señalan que el organismo regulador ha recibido quejas formales acerca de las actividades irregulares de Koriun, sin que se hayan tomado acciones preventivas o correctivas. Estas informaciones han intensificado la percepción de una potencial negligencia institucional, lo que ha incrementado la desconfianza en la vigilancia estatal del sistema financiero no bancario.
Rechazo al uso de fondos públicos y exigencia de responsabilidad penal
Los perjudicados también han declinado sugerencias no oficiales que proponen usar recursos del estado para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La noción de emplear dinero público ha sido definida por los manifestantes como una acción inapropiada que traspasaría la carga del fraude a toda la población, en vez de responsabilizar a los autores materiales y colaboradores del esquema piramidal.
A lo largo de las manifestaciones, numerosos carteles mostraron el descontento hacia la postura tomada por las autoridades. Frases como “El Gobierno tiene culpa” y “Koriun engañó, el Estado protegió” sugieren una historia donde tanto los autores de la estafa como las entidades de supervisión y justicia comparten parte de la culpa por la ausencia de respuestas rápidas.
Simultáneamente, la falta de progresos significativos en el Ministerio Público ha suscitado críticas de varios grupos de la ciudadanía, quienes consideran que no hay un verdadero compromiso político para resolver el asunto de manera judicial adecuada. La inacción de la Fiscalía en un caso que tiene una gran repercusión social e institucional ha creado un nuevo punto de conflicto entre la sociedad civil y el sistema de justicia.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la magnitud del fraude, sino además las vulnerabilidades estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de acción frente a delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Una visión dominada por el deterioro institucional
El progreso en el caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la lentitud del sistema institucional. La incertidumbre referente al uso de los fondos, la rendición de cuentas de las personas involucradas y la función de los organismos reguladores ha puesto al Estado bajo una observación crítica. El desafío para el gobierno y el poder judicial no solo radica en solucionar el caso, sino también en recuperar la confianza pública en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de la ciudadanía en un país donde los métodos de supervisión siguen siendo débiles.
