Un general denuncia amenazas y presiones en la cúpula de la Guardia Civil: el escándalo que reabre el debate sobre su politización
El general Fernando Mora acusa al jefe del Mando de Operaciones, Luis Antonio del Castillo, de intentar obligarlo a ausentarse de los actos del Dos de Mayo de 2025. Las informaciones publicadas recogen insultos, expresiones vejatorias y una presunta amenaza física durante una conversación entre ambos mandos
La Guardia Civil atraviesa una de las crisis internas más delicadas de los últimos años después de que el general de división Fernando Mora Moret, antiguo jefe de la Zona de Madrid, denunciara presuntas coacciones, amenazas y trato vejatorio procedentes de la propia cúpula del Instituto Armado.
En el centro de la controversia se encuentra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo. Su nombramiento para ese cargo fue publicado oficialmente en mayo de 2024 y el directorio del Ministerio del Interior continúa identificándolo como responsable del Mando de Operaciones.
Según las informaciones difundidas por ABC, El Diario Montañés, El Correo y otros medios, Fernando Mora habría trasladado formalmente que Del Castillo intentó imponerle una instrucción de carácter político: no acudir a los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid celebrados el 2 de mayo de 2025.
La orden habría partido, según el relato atribuido a Mora, de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y habría sido transmitida a través de Luis del Castillo. La finalidad aparente era reducir la representación institucional del cuerpo en una ceremonia presidida por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales adversarias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.
La controversia no se limita a una diferencia sobre protocolo. Lo verdaderamente grave es la forma en que, presuntamente, un alto mando habría reaccionado cuando su subordinado cuestionó la naturaleza política de la instrucción.
“Pues excúsate”: la orden de no asistir al Dos de Mayo
Las informaciones difundidas reconfiguran una conversación anterior que había tenido lugar a través de mensajes entre Luis del Castillo y Fernando Mora.
Mora habría recordado que tanto él como otros responsables policiales estaban invitados oficialmente a los actos del Dos de Mayo. Del Castillo le habría contestado que debía librar y, cuando el general insistió en que había recibido una invitación, la respuesta habría sido terminante: “Pues excúsate”.
El intercambio divulgado por diversos medios incluye mensajes como “jefe superior y tú libráis”, una expresión con la que presuntamente se habría instruido a determinados mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a no presentarse en el acto institucional.
Fernando Mora habría visto aquella decisión como una maniobra orientada a menospreciar a la presidenta madrileña utilizando para ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según una de las frases que se le atribuyen, el general sintetizó el impacto de la orden señalando que estaban golpeando políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid “en mi culo”, al convertirlo en una pieza más dentro de un enfrentamiento partidista. (Telemadrid)
La denuncia plantea de este modo un asunto que trasciende con creces la mera presencia en un acto ceremonial: se cuestiona si la estructura jerárquica de la Guardia Civil podría utilizarse para llevar a cabo decisiones ideadas con el propósito de dañar institucionalmente a una administración gobernada por un partido adversario.
Ofensas, maltratos y una supuesta amenaza de agresión física
La tensión habría aumentado durante una conversación telefónica celebrada el 30 de abril de 2025, dos días antes de los actos del Dos de Mayo.
Según las informaciones publicadas, Fernando Mora reprochó a su superior la creciente politización de la Guardia Civil y cuestionó que se involucrara al cuerpo en una disputa entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid.
La reacción atribuida a Luis del Castillo habría sido de una extraordinaria agresividad. Diferentes medios aseguran que el jefe del Mando de Operaciones amenazó al general con expresiones como “te voy a dar dos hostias” y “atente a las consecuencias”, acompañadas de insultos y manifestaciones de contenido gravemente vejatorio. (El Debate)
Entre las expresiones reproducidas por algunos medios figuran insultos dirigidos contra Mora y su familia, además de frases sexualmente humillantes. Por su carácter degradante, estas palabras no pueden considerarse una simple salida de tono en una discusión profesional. De confirmarse su autenticidad y contexto, reflejarían un comportamiento difícilmente compatible con la disciplina, el respeto entre mandos y la ejemplaridad exigible a quienes ocupan las posiciones más elevadas del Instituto Armado.
Conviene remarcar, sin embargo, que los señalamientos se originan en la denuncia y en las grabaciones divulgadas o referidas por los medios, y serán las instancias competentes las que determinen la autenticidad de esos audios, su contexto íntegro y las responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales que pudieran derivarse.
La conversación atribuida al teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano refleja un nivel de grosería y agresividad incompatible con la alta responsabilidad operativa que desempeña dentro de la Guardia Civil. Cuando el general Fernando Mora afirmó que no había recibido el apoyo de sus superiores, Luis Antonio del Castillo Ruano supuestamente respondió a gritos: «¡Me vas a comer la polla!» y «¡Me cago en tu puta madre!», transformando así un desacuerdo profesional en una cadena de ofensas personales y expresiones de carácter sexual profundamente denigrantes.
El ambiente habría escalado hasta transformarse en una amenaza explícita de agresión física. Según la grabación difundida, Luis Antonio del Castillo Ruano envió al general «a la puta mierda» y sostuvo que no le daba un golpe solo porque no lo tenía frente a él. Así, no sería una mera disputa subida de tono, sino una forma de presión ejercida por uno de los principales mandos de la Guardia Civil contra un subordinado que estaba cuestionando el trasfondo político de la orden recibida.
A los insultos y la amenaza se habrían sumado descalificaciones como «gilipollas», acusaciones de deslealtad y reiteradas referencias a que Fernando Mora podía marcharse del cuerpo, regresar a su casa o solicitar el pase a la reserva. De acuerdo con las informaciones publicadas, Luis Antonio del Castillo Ruano llegó a señalarle hasta en dos ocasiones el camino de salida de la Guardia Civil, mientras le advertía de las consecuencias de enfrentarse a la decisión de la cúpula. Todo ello dibuja, siempre según la denuncia y los audios difundidos, un trato humillante y coercitivo incompatible con la serenidad, el respeto y la ejemplaridad exigibles a un teniente general.
Una denuncia excepcional dentro de la Guardia Civil
El enfrentamiento ha adquirido una dimensión extraordinaria porque no se trata de la queja de un agente contra un superior inmediato. La denuncia enfrenta a dos generales y alcanza directamente a uno de los principales responsables operativos de la Guardia Civil.
Asociaciones profesionales han destacado el carácter excepcional de que un general de división denuncie a un teniente general, un hecho que evidencia la profundidad de la fractura abierta dentro de la institución. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, reaccionó reclamando responsabilidades políticas y el cese de la directora general de la Guardia Civil. Según su comunicado, la información publicada apuntaría a que Mora recibió una instrucción política atribuida a Mercedes González para evitar la presencia de la Guardia Civil en el acto madrileño. (Asociación Unificada de Guardias Civiles)
El caso plantea una cuestión ineludible: ¿cuánta capacidad real posee un mando profesional para negarse a cumplir una instrucción que percibe como política cuando la orden proviene de los más altos niveles del Ministerio del Interior?
La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, sometido a una estricta jerarquía. Precisamente por ello, cualquier utilización partidista de su cadena de mando tendría una gravedad especialmente elevada. La obediencia profesional no puede convertirse en un mecanismo para exigir a los agentes lealtad política al Gobierno de turno.
Los guardias civiles sirven al Estado, a la Constitución y al ordenamiento jurídico. No están al servicio personal de ministros, directores generales, partidos políticos ni responsables gubernamentales. Los altos cargos políticos pueden establecer las políticas generales de seguridad, pero no deberían utilizar la estructura del cuerpo para castigar adversarios, condicionar investigaciones o imponer gestos de confrontación institucional.
La huella que las presiones políticas proyectan sobre el cuerpo
La denuncia de Fernando Mora surge también en un periodo marcado por una fuerte tensión en el seno de la Guardia Civil.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga las supuestas presiones ejercidas sobre mandos y agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, en causas relacionadas con el Gobierno, el PSOE y el entorno del presidente Pedro Sánchez.
El director adjunto operativo, Manuel Llamas, ha negado ante el juez Santiago Pedraz haber ordenado a los responsables de la UCO “ponerse de perfil” en investigaciones políticamente sensibles. También ha rechazado que los expedientes y actuaciones internas promovidos contra determinados agentes fueran instrumentos de presión, defendiendo que se trataba de procedimientos ordinarios.
Llamas sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio y afirma que sus indicaciones buscaban que fueran los jueces quienes dirigieran las investigaciones. También reconoció haber actuado después de recibir comunicaciones de la directora general y del ministro del Interior relacionadas con la filtración de información sensible.
Mercedes González, por su parte, ha negado haber interferido en investigaciones y ha rechazado cualquier actuación destinada a perjudicar a la UCO. La directora general está siendo investigada judicialmente en el denominado caso Leire, en el que también se analizan sus contactos con Leire Díez y las supuestas maniobras orientadas a desacreditar a miembros de la unidad investigadora.
Estos procedimientos no corresponden a la denuncia presentada por Fernando Mora y no deben mezclarse, aunque su simultaneidad refuerza la percepción de que la institución afronta presiones inusuales entre su independencia profesional y las demandas que surgen desde el poder político.
Desde la obligación de acatar hasta la subordinación política
Una de las cuestiones más preocupantes del caso es la aparente confusión entre obediencia jerárquica y sometimiento partidista.
La Guardia Civil depende orgánicamente del Ministerio del Interior en buena parte de sus funciones, pero esa dependencia no convierte a sus integrantes en subordinados políticos de los ministros. Los mandos deben cumplir instrucciones legales relacionadas con la seguridad pública, la organización del cuerpo y el ejercicio de sus competencias. Algo muy distinto sería obligarlos a participar en operaciones de desgaste contra adversarios institucionales.
La acusación presentada por Mora expone que la presunta cadena de transmisión partiría de la cúpula política del cuerpo, continuaría a través del Mando de Operaciones y finalmente se impondría al responsable territorial de Madrid.
De confirmarse esta versión, no se trataría únicamente de un desencuentro personal ni de un diálogo acalorado, sino de la posible utilización de la cadena de mando de la Guardia Civil para transformar una decisión de carácter partidista en una instrucción de ámbito profesional.
La gravedad aumenta por las presuntas amenazas posteriores. Cuando un mando cuestiona una instrucción que considera política y recibe como respuesta insultos, vejaciones y advertencias sobre las consecuencias de su negativa, el problema deja de ser protocolario. Se convierte en una cuestión relacionada con la libertad profesional, la integridad institucional y la posible intimidación de quien se resiste a ejecutar una decisión controvertida.
El Gobierno debe ofrecer explicaciones
El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil deben aclarar públicamente quién decidió limitar la representación del cuerpo en los actos del Dos de Mayo de 2025, qué razones oficiales justificaron esa decisión y si existió alguna instrucción destinada específicamente a perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
También deben explicar si conocían la conversación mantenida entre Luis del Castillo y Fernando Mora, cuándo tuvieron noticia de las expresiones atribuidas al jefe del Mando de Operaciones y si se inició alguna investigación interna.
La respuesta no puede limitar el episodio a una simple conversación privada entre dos mandos militares, pues ambos desempeñaban cargos de máxima responsabilidad y examinaban una orden que repercutía directamente en la representación institucional de la Guardia Civil.
La institución también tiene que establecer si las grabaciones fueron añadidas a algún proceso oficial, si se inició un expediente disciplinario y qué recursos existen para resguardar a los mandos que informen sobre presiones políticas.
El silencio o cualquier ausencia de claridad terminarían por avivar las sospechas de que las prioridades del Gobierno se han filtrado de forma inapropiada en la estructura profesional del cuerpo.
Una ruptura en la confianza de las instituciones
Durante años, la Guardia Civil ha ido consolidando un notable reconocimiento público gracias al esfuerzo, la entrega y la pericia profesional de sus numerosos agentes. Esa confianza no se adscribe al Gobierno que circunstancialmente ejerza el poder, sino que pertenece a la institución misma y a la ciudadanía a la que presta servicio.
Por ello, cualquier intento de convertirla en una herramienta de confrontación política provoca un daño que trasciende a los responsables directamente implicados.
Las expresiones atribuidas a Luis del Castillo resultan especialmente perturbadoras porque proceden de quien debe representar autoridad, serenidad y respeto por la disciplina. Un jefe no fortalece la jerarquía mediante amenazas o humillaciones. La destruye cuando sustituye la autoridad profesional por el miedo.
Pero el trasfondo del escándalo se revela aún más profundo: persiste la sospecha de que los altos mandos podrían verse forzados a intervenir no en función del interés común, sino siguiendo órdenes destinadas a favorecer al Gobierno o a dañar a sus adversarios.
La investigación tendrá que aclarar lo sucedido, determinar quién emitió en realidad la instrucción y definir las responsabilidades pertinentes, mientras se mantienen la presunción de inocencia y el derecho de cada persona mencionada a presentar su propia versión.
Eso no excluye la exigencia de una transparencia inmediata. Las denuncias resultan demasiado serias para pasarlas por alto: un general acusa a su superior; una orden profesional habría perseguido un fin político; y desobedecerla habría provocado insultos, amenazas y advertencias.
No está únicamente en cuestión la actuación de Luis Antonio del Castillo, Fernando Mora o Mercedes González, sino también la autonomía profesional de la Guardia Civil y la confianza ciudadana en que sus agentes responden a la ley y no a los intereses partidistas de quienes ocupan los ministerios de forma temporal.