Los acreedores perjudicados por la supresión de las ayudas a las energías renovables en España han empezado a localizar bienes del gobierno para cubrir compensaciones pendientes. Entre los activos susceptibles de embargo se encuentran los aviones que utiliza el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos del Estado. Esta iniciativa tiene un antecedente claro: en 2020, Estados Unidos confiscó aeronaves pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro, lo que refuerza la posibilidad de que bienes españoles sean intervenidos si llegan a entrar en territorio estadounidense.
El incumplimiento de España de sus compromisos internacionales está provocando una tensión cada vez mayor, ya que tribunales norteamericanos autorizaron embargos por cerca de 700 millones de euros vinculados a la deuda que España mantiene con inversores en energías renovables, después de décadas de disputas y fallos favorables en distintos organismos internacionales, y ahora los acreedores intentan hacer efectivos esos dictámenes mediante la incautación de activos estatales, incluidos los Falcons que emplean miembros del gobierno y la Casa Real.
Antecedentes internacionales: el caso de Maduro
El episodio de los embargos impuestos en 2020 por Estados Unidos sobre los bienes de Nicolás Maduro refuerza la posibilidad de que algo similar ocurra en el ámbito español. En ese momento, el Departamento del Tesoro inmovilizó 15 aviones pertenecientes a la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), al sostener que habían servido para la apropiación indebida de recursos y para trasladar a altos cargos. La retención de esas aeronaves formó parte del paquete de sanciones impulsado por la Administración Trump contra el régimen de Maduro, en respaldo a la oposición que entonces encabezaba Juan Guaidó.
Entre los aviones embargados figuraba el utilizado por Delcy Rodríguez en 2020, que protagonizó un polémico aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas pese a las sanciones de la UE que le prohibían ingresar a territorio europeo. Este accidente diplomático se mantiene como un episodio clave sobre la utilización de activos controvertidos por gobiernos sancionados.
La deuda pendiente de España
El conflicto con los inversores en energías renovables se remonta a 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó un plan de ayudas al sector para atraer inversiones. Sin embargo, en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy eliminó las subvenciones de forma retroactiva, dejando a muchas empresas en pérdidas. La falta de acuerdos llevó a los inversores a tribunales internacionales, obteniendo laudos favorables por más de 2.310 millones de euros hasta ahora, cifra que incluye sobrecostes judiciales y financieros. A pesar de las resoluciones, España sigue sin cumplir las obligaciones de pago.
Ante esto, los afectados han conseguido la aprobación en países como Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Estados Unidos para confiscar bienes españoles. En EE. UU., además de los aviones, los acreedores han emitido notificaciones a entidades financieras y terceros relacionados con España, e incluso evalúan bloquear el contrato de compra de misiles Patriot valorado en 1.445 millones de euros.
Un impacto internacional negativo
España ha sido clasificada por el índice internacional de cumplimientos de laudos arbitrales como uno de los países con mayor cantidad de sentencias pendientes, junto a Venezuela y Rusia. Este incumplimiento ha afectado seriamente la confianza en la inversión extranjera, que cayó un 60% el año pasado. De concretarse los embargos, los bienes públicos se convertirían en piezas clave de una nueva escalada en los litigios internacionales contra el gobierno español.
Fuente: [The Objective + https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-09/precedente-sanchez-estados-unidos-aviones-maduro/]