El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra inmerso en una de sus crisis internas más complejas debido a la gestión del denominado “caso Salazar”, el escándalo de supuesto acoso sexual y abuso de poder que involucra al exasesor de La Moncloa Paco Salazar y a su colaborador cercano, Antonio Hernández, quienes hasta hace pocos días formaban parte del círculo de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien actualmente está rodeado de múltiples casos de corrupción.
Quién es Paco Salazar y qué se le atribuye
Francisco José “Paco” Salazar, destacado militante del PSOE en Sevilla, desempeñó el cargo de alcalde de Montellano y más tarde fue diputado en el Congreso, además de asumir roles estratégicos junto a Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en el Palacio de La Moncloa.
En los meses recientes, diversas trabajadoras y militantes socialistas que estuvieron bajo su supervisión han reportado de manera interna conductas que describen como acoso sexual y abuso de poder: observaciones de índole sexual, insistentes invitaciones a reuniones privadas fuera del horario de trabajo y propuestas de hospedaje en su residencia, siempre en un contexto de relación jerárquica.
A raíz de estas denuncias, Salazar fue apartado de sus responsabilidades en el partido y dejó de formar parte de la Ejecutiva federal, así como de su posición de influencia en La Moncloa. Los hechos se investigan en el marco de los protocolos internos contra el acoso del PSOE y podrían derivar en acciones judiciales si así lo deciden las denunciantes, pero de momento, hay silencio.
El papel de Antonio Hernández, la mano derecha cesada
Antonio Hernández, quien ha sido el director del Departamento de Coordinación Política en La Moncloa y una figura esencial en el engranaje político del Gobierno, se consideraba la mano derecha de Salazar y su principal respaldo en el día a día.
Las mujeres que denunciaron a Salazar señalaron también a Hernández como presunto “cómplice” y “encubridor” de los abusos, al entender que conocía las circunstancias y no actuó para proteger a las víctimas, extremo que él niega.
En pleno escándalo, el presidente Pedro Sánchez decidió promover su cese tanto en La Moncloa como en la estructura orgánica del PSOE andaluz, decisión que el Consejo de Ministros ha formalizado estos días, en lo que se ha interpretado como un intento de “cauterizar” la crisis y cortar cualquier apariencia de connivencia con las conductas atribuidas a Salazar.
Críticas a la gestión interna del PSOE y reacción tardía
Diversas informaciones de prensa señalan que el PSOE tardó más de cuatro meses en contactar formalmente con las víctimas tras conocerse las primeras denuncias, lo que ha generado una fuerte contestación interna y un severo desgaste en la imagen del partido. El propio funcionamiento del comité antiacoso ha sido cuestionado por su lentitud, falta de coordinación y escasa comunicación con la dirección federal, en un partido que se jacta de su orientación feminista.
Al mismo tiempo, voces críticas desde el propio socialismo reclaman una reforma profunda de los protocolos internos y de la cultura organizativa, para evitar lo que describen como “entornos protectores con los presuntos agresores” y situaciones de desamparo para las mujeres que denuncian.
La posición del Gobierno de Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado que el Ejecutivo ha respondido con “celeridad y firmeza” tras recibir formalmente las acusaciones, resaltando la destitución de Salazar, su salida de la Ejecutiva del PSOE y, en este momento, la remoción de Antonio Hernández.
Alegría ha reconocido públicamente que su comida reciente con Salazar —producida cuando las denuncias ya eran conocidas— fue un “error”, subrayando que el centro del debate deben ser las víctimas y no el coste político para el partido.
Paralelamente, diversas informaciones señalan un posible frente judicial para el PSOE como entidad jurídica, ante la hipótesis de que la Justicia pudiera evaluar si existieron responsabilidades organizativas en el manejo de las denuncias. Fuentes fiscales mencionadas por algunos medios indican la posibilidad de que el partido sea investigado por un supuesto delito de acoso sexual como organización, un aspecto que, en este instante, no es más que una posibilidad jurídica bajo consideración y que no implica ninguna imputación efectiva.
Reacción de la oposición y deterioro político
El Partido Popular ha comunicado que empleará su mayoría en el Senado para convocar a Paco Salazar a declarar en el contexto de la comisión del denominado “caso Koldo”, aprovechando la notoriedad pública que ha alcanzado el exasesor. Desde el PP se le acusa a Sánchez de ser el presidente “más perjudicial para las mujeres”, vinculando el caso Salazar con otros episodios controvertidos en temas de igualdad y protección de las víctimas.
La totalidad de la oposición ha centrado su atención en la serie de designaciones, destituciones y reubicaciones en el círculo de Salazar, además del hecho de que dos de sus colaboradoras más cercanas habrían sido trasladadas a empresas públicas en los años recientes, lo cual fortalece la narrativa de una red de confianza alrededor del exasesor dentro del aparato estatal.
Un caso abierto que pone a prueba los protocolos y la credibilidad del partido
El caso Salazar, y ahora también el de Antonio Hernández, ha abierto un profundo boquete político y moral en el PSOE de Pedro Sánchez, en un contexto marcado por la exigencia social de tolerancia cero frente al acoso sexual y los abusos de poder en el ámbito laboral y político.
Mientras se finalizan los expedientes internos y se consideran las posibles acciones legales, el partido enfrenta un doble desafío: por un lado, debe demostrar que sus protocolos contra el acoso son efectivos y priorizan a las víctimas; por otro, necesita reconstruir la confianza tanto de su electorado como de la opinión pública, que observa con inquietud la serie de filtraciones, rectificaciones y destituciones que rodean al caso.
En todo caso, tanto Paco Salazar como Antonio Hernández mantienen, a día de hoy, su derecho a la presunción de inocencia ante la Justicia, a la espera de la aclaración completa de los hechos y de la eventual apertura de procedimientos penales. Los próximos pasos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez serán determinantes para medir el alcance político, institucional y judicial de este escándalo. Pero de momento, a pesar del deber legal, no ha trascendido que se presente alguna denuncia ante las autoridades por parte del PSOE, como ya viene ocurriendo con otros casos de corrupción que rodean al partido.
